A principios del mes de marzo, el Gobierno aprobó un real decreto ley para intervenir el mercado del alquiler modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). De esta manera el Gobierno pretende ofrecer más seguridad a los arrendatarios, fomentar la oferta de viviendas a precios asequibles y también ayudar a las familias más vulnerables reduciendo la carga financiera.

Los expertos y las empresas inmobiliarias han manifestado sus opiniones sobre el alquiler y reacciones, de las que se pueden destacar que está nueva norma traerá una subida de precios, una reducción de pisos en el mercado e inseguridad jurídica.

Aumento de los precios y reducción de la oferta

“El nuevo intento del Gobierno por regular el alquiler cae en el mismo error de base que el de diciembre: en vez de aprobar medidas eficaces que busquen el aumento significativo de la oferta para moderar los precios, se mete a regular lo que tienen que hacer los propietarios. Muchos de ellos pueden verse tentados a sacar sus viviendas del alquiler. La discriminación de los propietarios puede reducir la oferta y aumentar los precios”, ha argumentado Fernando Encinar, confundador y jefe de estudios de la compañía Idealista

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, subraya que “los precios de los alquileres podrán bajar cuando se aumente considerablemente la oferta de viviendas destinadas al alquiler, tanto pública como privada, y no mediante un índice de precios que, entre otras muchas cosas, no tiene en cuenta el estado de la vivienda”.

Restricción de la oferta de pisos en alquiler

El senior advisor de Blackstone en España, Claudio Boada, ha señalado que “se trata de un Real Decreto-ley que discrimina sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores. En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta”.

Elevada inseguridad jurídica

Los expertos del sector inmobiliario quieren resaltar la elevada inseguridad jurídica que pueden ocasionar estos cambios normativos. Blackstone resalta que  “La nueva norma conducirá, como ya ocurrió con el anterior decreto, a una nueva paralización del mercado del alquiler hasta que se produzca su convalidación o desaprobación en la Comisión Permanente en los próximos 30 días”, recuerda Boada

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, expresa que “este nuevo cambio añade aún más excepcionalidad a la situación anterior, donde existía una legalidad para la mayoría de contratos de alquiler y otra para los que se firmaron durante los 35 días en los que el primer decreto ley estuvo en vigor”. “Otra nueva legalidad diferente no ayuda a crear seguridad jurídica necesaria para la estabilidad del mercado de alquiler en España”, resalta el portavoz del portal inmobiliario.

Protección a los arrendatarios, pero no a los arrendadores

“El Gobierno debe poner en marcha más políticas de incentivación fiscal para los propietarios de viviendas y, sobre todo, ayudar a los Ayuntamientos a regular de manera efectiva las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como forma de incrementar la oferta disponible para alquileres de larga duración” añade.

Fernando Encinar opina que esto no va a beneficiar a todos los inquilinos. En su opinión, “muchos inquilinos lo tendrán más difícil a la hora de encontrar una casa en alquiler: menores de 30 años y mayores de 65, familias en riesgo de exclusión social, trabajadores con contratos temporales, familias monoparentales, autónomos, mileuristas… Los propietarios van a ser mucho más exigentes con el perfil del inquilino y con la regulación aprobada por el Gobierno y Podemos, hay miles de inquilinos a los que les costará encontrar una casa en alquiler”.

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